Montero encarga una guía por 250.000 € al lobby feminista del que Zapatero es socio de honor

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, de Unidas Podemos, ha encargado una guía estratégica por 250.000 euros para combatir la «violencia machista» a una UTE (unión temporal de empresas) conformada por la consultora Red2Red y la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), un lobby feminista próximo al PSOE del que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es socio de honor.

En concreto, el objeto del contrato se denomina: «Servicio correspondiente al diseño, elaboración, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia estatal para combatir las violencias machistas», una actuación planificada hasta 2025 por el órgano adjudicador, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Igualdad. El importe de adjudicación ha ascendido a 250.470 euros, impuestos incluidos.

La Federación de Mujeres Progresistas está presidida por Yolanda Besteiro, que ha sido concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) y asesora jurídica de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT.  Con motivo de la celebración de su trigésimo aniversario, la FMP eligió a su primer socio de honor en 2017: José Luis Rodríguez Zapatero, «por ser el presidente de la Igualdad, un presidente feminista». En su agradecimiento, el ex presidente del Gobierno manifestó que la FMP «ha dejado huella en las mejores leyes de igualdad».

En el año 2020, esta entidad fue la que recibió la mayor subvención (37.425,30 euros) por parte del Instituto de las Mujeres, organismo adscrito  al Ministerio de Igualdad, dentro de la convocatoria de ayudas «destinadas a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal».

Por su parte, la consultora Red2red ya recibió un encargo del departamento de Irene Montero para la realización del informe ‘Género y cambio climático. Un diagnóstico de situación’, orientado a argumentar que las mujeres «son más sostenibles» porque «contaminan menos».

Comunicación

Según consta en el pliego del nuevo contrato para dicha Estrategia estatal, Igualdad entiende que es necesario «articular instrumentos reforzar el Pacto de Estado contra la violencia de género, cuyo ámbito temporal alcanza hasta el año 2022, y no incluye medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres en ámbitos tales como las tecnologías de la información y la comunicación, la prevención de las violencias en los espacios públicos y espacios de ocio, o medidas para trabajar con niños, jóvenes y hombres, entre otras materias». Cabe recordar que Podemos, el partido de Irene Montero y con el que concurrió en listas la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se abstuvo en la aprobación de dicho Pacto de Estado en 2017.

En esta línea, el pliego -consultado por OKDIARIO- señala que la UTE adjudicataria deberá «diseñar e implementar una metodología participativa (tanto interna como externa a la Administración General del Estado), con el objetivo de impulsar la participación de los diferentes departamentos ministeriales de la AGE involucrados en la erradicación de las violencias machistas, así como de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla, administración local, tejido asociativo, organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, Universidades y sociedad civil en su conjunto». Más protagonismo para los chiringuitos feministas afines.